Levantan suspensión a laboratorio de cannabis medicinal para evitar concentración de servicios. (Foto de archivo) La Junta de Directores de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal del Departamento de Salud llevó a cabo una reunión ordinaria en la que se atendieron asuntos esenciales para la fiscalización del sector y la protección del bienestar de los pacientes, informó Marjorie Tolentino Rivera, directora ejecutiva de la Oficina de Cannabis Medicinal.
Durante la sesión, la Junta evaluó el estado de cumplimiento de los dos laboratorios autorizados para operar en Puerto Rico. Según explicó Tolentino Rivera, se presentó un informe institucional con recomendaciones que sirvieron de base para la adopción de medidas dirigidas a fortalecer la continuidad operacional sin menoscabar el cumplimiento reglamentario.
“Como parte de nuestro compromiso con una supervisión rigurosa y conforme a la ley, la Junta evaluó información relevante sobre el estado de cumplimiento de los dos laboratorios autorizados para operar en Puerto Rico”, expresó Tolentino Rivera.
En ese contexto, la Junta decidió levantar la suspensión impuesta a uno de los laboratorios, decisión que está sujeta al cumplimiento de un Plan de Acción Correctiva riguroso y otras condiciones adicionales que se discutirán con el establecimiento afectado.
“La decisión se tomó luego de una evaluación ponderada de las necesidades del programa y los riesgos regulatorios, operacionales y de salud pública que conllevaría mantener la suspensión, incluyendo el impacto de una concentración absoluta de los servicios de análisis en un solo laboratorio”, sostuvo la funcionaria.
Actualmente, solo un laboratorio está en operaciones para el análisis de productos de cannabis medicinal en Puerto Rico, lo que representa un riesgo significativo para la estabilidad del sistema. Según detalló Tolentino Rivera, si dicho laboratorio cesara funciones por razones técnicas, regulatorias o de fuerza mayor, se paralizaría la capacidad de autorizar productos al mercado, afectando directamente a pacientes, dispensarios, cultivadores y manufactureros.
“Desde una perspectiva legal, operacional y de política pública, esta situación representa un riesgo potencial para toda la industria y la salud de los pacientes”, indicó.
La directora también advirtió que el marco legal y reglamentario vigente impide recurrir a laboratorios fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, lo cual limita las opciones disponibles y coloca al sistema en una posición vulnerable. Esta situación podría propiciar una estructura cuasi monopólica, con implicaciones serias para el cumplimiento normativo y la continuidad del programa.
“El Departamento de Salud continúa comprometido con una política de fiscalización justa, efectiva y centrada en el interés público. Nuestra prioridad es garantizar que los pacientes del programa tengan acceso seguro a productos de cannabis medicinal de calidad, conforme a los más altos estándares regulatorios”, concluyó Tolentino Rivera.
Como parte del cumplimiento con la Resolución de la Cámara 975, el informe será remitido a los cuerpos legislativos pertinentes y estará disponible para consulta pública en el portal oficial del Departamento de Salud: www.salud.pr.gov/CMS/364.
