El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Víctor M. Ramos Otero, anunció la firma de la Orden Administrativa 2025-620, la cual modifica el proceso de renovación del certificado requerido bajo la Ley 300 de 1999. Esta medida extiende la vigencia del certificado de historial delictivo hasta tres años y busca reducir la carga administrativa sin comprometer la seguridad de poblaciones vulnerables.
“En Salud, seguimos moviéndonos. No nos quedamos donde estamos. Vamos actualizando procesos, ajustando estructuras y tomando decisiones para que el resultado final —el servicio a nuestro pueblo— sea más ágil, más justo y más humano”, expresó Ramos Otero en declaraciones oficiales.
El documento, conocido como Certificado de Ley 300, es requerido anualmente a proveedores de servicios que laboran con personas mayores, niños o adultos con alguna discapacidad. Con la nueva orden, aquellos profesionales que se mantengan trabajando en la misma institución podrán extender la validez del certificado hasta tres años, siempre que cumplan con ciertos requisitos.
Entre las principales disposiciones de la orden se establece que:
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La vigencia del certificado emitido bajo el Puerto Rico Background Check Program se extenderá hasta tres años, si el proveedor continúa en la misma institución.
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En los años intermedios (segundo y tercero), se permitirá presentar un certificado de antecedentes penales del Negociado de la Policía de Puerto Rico como sustituto.
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Para acogerse a esta extensión, el proveedor deberá autorizar su inclusión en el sistema federal Rap Back del FBI, el cual permite la vigilancia continua de antecedentes penales de personas previamente registradas.
“Esto no solo es más eficiente: es más seguro. Es vigilancia continua, sin necesidad de repetir procedimientos innecesarios”, puntualizó el secretario.
La nueva directriz también aplica a profesionales de la salud con licencia. En estos casos, se requerirá únicamente el certificado del Departamento al momento de renovar su licencia profesional, y en los años intermedios bastará con el certificado de la Policía, si están inscritos en Rap Back.
Asimismo, todo certificado vigente al 22 de julio de 2025 se considerará válido hasta el 1 de septiembre de 2025, siempre que se acompañe con un certificado del Negociado de la Policía y cumpla con los criterios establecidos.
“Esta decisión no surge de la nada, ni es un capricho. Forma parte de una política pública clara, respaldada por la visión de la gobernadora Jenniffer González, quien ha insistido —y con razón— en que hay que reducir la burocracia, agilizar los procesos y usar la tecnología disponible sin comprometer lo más importante: la seguridad de nuestra gente”, afirmó Ramos Otero.
El secretario subrayó que la medida beneficiará tanto a instituciones de cuidado como a los profesionales del sistema de salud, al reducir los trámites y permitir mayor enfoque en la prestación de servicios. También ayudará a que el sistema de cumplimiento pueda dedicar más recursos a áreas que realmente requieren seguimiento.
La orden administrativa está respaldada por la Ley 300 de 1999, el Reglamento 9030 de 2018 y por prácticas federales vigentes bajo la Sección 6201 del Affordable Care Act.
Ramos Otero agradeció el trabajo del equipo del Background Check Program, de las juntas examinadoras y de los patronos, así como el respaldo de los legisladores que colaboraron con esta iniciativa. Entre los reconocidos se encuentran:
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Representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara.
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Senador Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud del Senado.
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Representante José “Cheito” Hernández Concepción, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura del Senado.
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Senadora Jaime Barlucea Rodríguez, presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar del Senado.
“Seguimos adelante. Por un sistema que responde, que actúa con inteligencia y que cuida mejor a quienes cuidan de los demás”, concluyó Ramos Otero.
